Trump vs. Harvard: Estados Unidos congela visas estudiantiles
Por Ana Laura Citalán
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus políticas migratorias y educativas, implementando medidas que afectan tanto a estudiantes internacionales como a instituciones académicas de alto perfil, entre ellas la Universidad de Harvard.
Suspensión de entrevistas para visas estudiantiles
El 27 de mayo de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio ordenó a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos suspender la programación de nuevas entrevistas para visas de estudiantes y visitantes de intercambio. Esta medida fue anunciada como parte de los preparativos para ampliar los procesos de verificación de redes sociales que se aplican a los solicitantes de visas.
Las categorías de visas afectadas por esta medida incluyen la visa F, destinada a estudios académicos en universidades, preparatorias o programas de idiomas; la visa M, enfocada en estudios técnicos o vocacionales; y la visa J, utilizada para programas de intercambio que abarcan a becarios, docentes visitantes y estudiantes de corto plazo.
La decisión se presenta en plena temporada de admisiones, lo que podría impedir que miles de estudiantes comiencen clases en otoño. NAFSA, la organización de educación internacional más grande del mundo, estima que la comunidad internacional de estudiantes contribuyó con 43.8 mil millones de dólares a la economía estadounidense entre 2023 y 2024, además de sostener más de 378,000 empleos.
Una política migratoria restrictiva desde su origen
Desde su primer mandato en 2017, Trump impulsó una agenda migratoria caracterizada por el endurecimiento de controles fronterizos y restricciones para el ingreso legal de personas al país. Iniciativas como el “veto musulmán”, la cancelación del DACA y la construcción del muro con México fueron justificadas en nombre de la seguridad nacional, con el argumento de prevenir el ingreso de criminales y terroristas.
Las medidas de vigilancia a redes sociales, que busca establecer Trump a los estudiantes extranjeros, no son enteramente nuevas. En 2019 se instauró la práctica de solicitar a ciertos candidatos a visado sus nombres de usuario en redes sociales, medida limitada a países de “alto riesgo”. Sin embargo, durante su segundo mandato, estas políticas han escalado hacia formas mucho más amplias y agresivas, con consecuencias directas para la comunidad académica global.
A diferencia de etapas anteriores, la política actual establece que todo solicitante de visa estudiantil será sometido a revisión de redes sociales, sin distinción de nacionalidad ni historial migratorio.
Vigilancia ideológica: de seguridad nacional a control del pensamiento
Desde marzo de este año, se ha exigido a funcionarios consulares revisar cuentas de redes sociales de todos los solicitantes de visa estudiantil para identificar “contenido derogatorio”. Se considera como causa válida de negación de visa cualquier evidencia de que el solicitante apoye “actividades u organizaciones terroristas.”, según un cable del Departamento de Estado.
La preocupación de parte de organizaciones académicas y de derechos civiles se centra en que los criterios para identificar publicaciones "problemáticas" no están claramente definidos.
Ruptura institucional con Harvard
Asimismo, la administración de Trump ha ordenado la cancelación de todos los contratos federales con la Universidad de Harvard, valuados en 100 millones de dólares. Esta decisión se suma a la congelación de más de 3,200millones de dólares en fondos federales para investigación, así como a amenazas de retirar otros 3,000 millones adicionales.
Además, la Casa Blanca ha intentado restringir el ingreso de estudiantes internacionales a la institución y considera anular su estatus fiscal libre de impuestos. El gobierno también revocó la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de intercambio (SEVP), lo que impide a la institución matricular a estudiantes internacionales. En respuesta, Harvard presentó una demanda federal en Boston alegando una violación a la ley, y una jueza emitió una orden de restricción temporal que bloquea la medida de la Casa Blanca.
Las acusaciones contra Harvard incluyen presuntas prácticas de discriminación racial, antisemitismo, vínculos con el Partido Comunista Chino y una disputa legal relacionada con el estatus migratorio de más de 6,800 estudiantes internacionales.
Alan Garber, actual presidente en funciones de la institución, calificó las acciones del gobierno como intentos inconstitucionales de intervenir en las decisiones internas de la universidad, incluyendo a quién contrata, cómo enseña y cómo maneja sus programas de diversidad.
En respuesta a estas medidas, la universidad ha emprendido acciones legales, alegando que se está violando la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege la libertad de expresión y la autonomía académica.
Aunque otros gobiernos han tenido tensiones con universidades, como recortes presupuestarios o debates sobre libertad de cátedra, es la primera vez en la historia reciente de Estados Unidos que se ha producido una ruptura total e intencional de contratos federales con una institución académica de esta magnitud.
